La Cámara de Apelaciones confirmó la exclusión de la tutela sindical a los dos representantes sindicales del SUTEF. Los jueces Francisco Justo de la Torre y Josefa Haydeé Martin votaron confirmando la resolución del Juzgado Laboral. Löffler votó en contra
Catena y Arce al borde de la exoneración del Estado
África
14/03/2017
Confirmación

Catena y Arce al borde de la exoneración del Estado

La Cámara de Apelaciones de Río Grande rechazó los recursos de apelación interpuestos por los dirigentes sindicales, Horacio Catena y Raúl Arce, y confirmó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, ratificando la exclusión de la tutela sindical para ambos.

 

La confirmación de la sentencia de la Cámara de Apelaciones fue rubricada por los jueces de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo, Doctores Francisco Justo de la Torre y Josefa Haydeé Martin, y el voto en disidencia del Doctor Ernesto Löffler.

 

La medida se produce luego de que el Juzgado laboral resolviera ante el procedimiento administrativo promovido por el Gobierno Provincial tendiente a exonerar a los involucrados de la administración pública.

 

La Jueza Josefa Haydé Martin, dijo lo siguiente antes de rechazar la apelación de Horacio Catena y Raúl Arce:

Ahora bien, lo que persigue la acción de exclusión de tutela, es remover un impedimento legal, que en caso de prosperar coloca al representante sindical en idéntica situación que cualquier otro trabajador. Es decir que, por una parte, lo inhabilita a reclamar posteriormente, como si tal resolución no existiera. Y, por la otra, no lo inhibe de acceder a un debate causal pleno sobre la justificación del distracto o la medida que el empleador adopte a su respecto.

La apreciación de la gravedad de la conducta del demandado, es de resorte exclusivo y excluyente del Estado Provincial -en su carácter de empleador-, y es el único autorizado para ponderar el perjuicio que el accionar del señor Raúl Amado ARCE pudo actual o potencialmente producir a sus intereses y bienes y en virtud de ello, informar la sanción que a su criterio resulta aplicable.


A la luz de la nueva doctrina sentada por nuestro Superior Tribunal de Justicia, entendemos que corresponde despojar al Raúl Amado ARCE del velo protector gremial y en consecuencia, autorizar al Poder Ejecutivo en el
carácter de titular de la Administración, para que haga efectivo el mandato del Decreto No 3004/15.


SOBRE CATENA DIJO

Recordemos que en autos, se persigue despojar del velo protector que 43 S.T.J. Tierra del Fuego, ―Gatti, Gustavo Justo c/ Raffo Magnasco, Cecilia, Pace, María Teresa y Provincia de Tierra del Fuego s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Queja‖, 658/03, 05 de Noviembre de 2003 SR. como representante gremial, envuelve al docente Horacio Gustavo CATENA, por los hechos acaecidos el día 23 de mayo de 2013, desde las 12.00/13.00 hs
del medio día hasta la tarde de ese día, en instalaciones de la Casa Gubernamental de calle San Martín No 450, de la ciudad de Ushuaia, habiéndose iniciado los hechos en el exterior del edificio, y luego se extendió hacia el interior, cuando desde el exterior, irrumpieron por la fuerza, manifestantes que golpearon violentamente al personal policial, logrando así quebrar la resistencia de los policías e ingresar al edificio gubernamental.

En el fragor de la manifestación, resultaron lesionados personal de la fuerza de seguridad (policía) y también se produjeron daños materiales como destrucción de cosas muebles, cristales y neumáticos pinchados de vehículos estacionados, desaparición de computadoras, estantes y documentación.

Como parte de las pruebas colectadas, existe evidencia fílmica y testimonial en contra del agente Horacio Gustavo CATENA, los cuales han sido incluidas en el marco de un procedimiento sumarial que fue iniciado con elobjeto de investigar dichos acontecimientos en la faz disciplinaria, con independencia de lo que la Justicia Penal resolviera en la esfera propia de sus competencias.

El demandado es docente en establecimientos educativos pertenecientes a la Provincia de Tierra del Fuego, que dependen del Ministerio de Educación.

Del informe y dictamen referenciado -ver apartado VI- es posible advertir que los hechos endilgados a los encartados, resultan de extrema gravedad.

Ahora bien, lo que persigue la acción de exclusión de tutela, es remover un impedimento legal, que en caso de prosperar coloca al representante sindical en idéntica situación que cualquier otro trabajador. Es
decir que, por una parte, lo inhabilita a reclamar posteriormente, como si tal resolución no existiera. Y, por la otra, no lo inhibe de acceder a un debate causal pleno sobre la justificación del distracto o la medida que el empleador adopte a su respecto.

La apreciación de la gravedad de la conducta del demandado, es de resorte exclusivo y excluyente del Estado Provincial -en su carácter de empleador-, y es el único autorizado para ponderar el perjuicio que el accionar del señor Horacio Gustavo CATENA pudo actual o potencialmente producir a sus intereses y bienes y en virtud de ello, informar la sanción que a su criterio resulta aplicable.

En ese sendero, resulta relevante lo expuesto por la Secretaria Legal y Técnica -doctora GIADÁS-, cuando dijo -respecto del Hecho 1-: "En este punto, es importante remarcar, que la responsabilidad administrativa atribuida a los agentes en el marco de la presente investigación sumarial, no significa una criminalización de la protesta sindical, tal como alegaran los agentes en cada presentación realizada; tenemos por un lado la ocupación ilegítima de la Casa de Gobierno, que como la de cualquier edificio público, es una falta grave en sí misma, pasible de reproche disciplinario.

Máxime, si se tiene en cuenta que además de agente públicos, son docentes, es decir, conforman el sistema educativo de la provincia, los cuales tienen la función social de enseñar con su ejemplo el respeto a los derechos establecidos en las normas que rigen nuestra sociedad y la resolución de conflictos por medios pacíficos.

Por otra parte, las agresiones, daños y lesiones constatadas en los elementos de prueba incorporados a las actuaciones, no pueden ser justificados bajo ningún tipo de reclamo sindical, dado que excede lo lícito
primordialmente, además de la moral y las buenas costumbres. El accionar desplegado por los agentes sumariados no puede avalarse bajo ningún tipo de reclamo o reconocimiento de derechos más allá de las razones que puedan esgrimir al respecto, que pueda genera indignación o no, tal cuestión no es
objeto de investigación en este sumario administrativo, ni tampoco puede considerarse causal de justificación de las conductas violentas ejercidas contra los agentes y sobre los bienes de esta Administración Pública Provincial" (sic fs. 1579).

A la luz de la nueva doctrina sentada por nuestro Superior Tribunal de Justicia, entendemos que corresponde despojar al señor Horacio Gustavo CATENA del velo protector gremial y en consecuencia, autorizar al Poder Ejecutivo en el carácter de titular de la Administración, para que haga efectivo el mandato del Decreto No 3004/15

 

FUNDAMENTOS DE LÖFFLER

 

Löffler sostuvo en uno de sus párrafos que: "Si bien tales recomendaciones, tanto de la instructora como de la Junta no tienen carácter vinculante para la Administración, resulta importante traer a colación en virtud de que la sanción que recomiendan tiene relación con que sólo uno de los hechos imputados a los agentes puede ser comprobado, mientras que en el daño material ocasionado a la Administración no se pudo individualizar a los responsables".

Agrega además que "Con lo expuesto se quiere dar cuenta que el decreto 3004/15 que suscribiera la exmandataria Fabiana Ríos se encuentra viciado en los hechos y antecedentes que le sirven de causa conforme lo dispone el artículo 99 inciso b de la ley 141 en cuanto requisito fundamental que deben ostentar los actos administrativos. No caben dudas entonces que al encuadrar la exoneración del agente demandado dentro de las previsiones del artículo 33 inciso a), entre ellas, daño material a la Administración cuando tal ilícito no tuvo responsables tanto en la causa penal como sumarial, el decreto 3004/15 se encuentra viciado y no puede ser convalidado por esta vocalía. Pues el mencionado acto administrativo que prevé la exoneración del agente imputado no tiene congruencia con los antecedentes en que se basa dado que uno de esos antecedentes -daño material a la admnistración- no pudo ser probado".

En ese sentido fundamenta además que "el artículo 110 inciso d) de la ley 141 dispone que: “Será nulo de nulidad absoluta el acto que hubiere sido dictado con: d) falta de causa o motivación”.


Además agrega que respecto a la exclusión de un agente de las filas de la admnistración, la CSJN expuso: “No se puede revocar el nombramiento de un agente, menos aún de un empleado designado por concurso, sin
expresar las razones que lo justifican. Tal omisión torna ilegítimo el acto, sin que quepa dispensar dicha ausencia por haberse ejercido potestades discrecionales, las que –por el contrario- imponen una observancia más estricta de la debida motivación (conf. doctrina fallos: 324:1860) [...]. La circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la ley 19.549. Es precisamente la legitimidad –constituída por la legalidad y la razonabilidad-, con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias (doctrina fallos: 307:639 y 320: 2509)”

Con lo expuesto se quiere dar cuenta de que la Administración a los fines de motivar la sanción respecto al daño moral que sufriera conforme artículo 33 inciso a de la ley 22140, naufragó en tal empresa a través del decreto 3004/15 que ordena la exoneración del agente. Si bien es cierto que en tal decreto se remite a los fundamentos emitidos por la Secretaría Legal y Técnica obrante a fojas 1567/1588 del sumario admnistrativo, advierto que tal dictamen también naufraga en el referido extremo, dado que, para justificar la exoneración por daño moral a la administración se remite al artículo 27 inciso b de la ley 22140 en cuanto a que el empleado público debe observar en el servicio y fuera de él una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función. Así también hace referencia al artículo 30 del decreto reglamentario 1797/80, pero ello con el objeto a que la medida exonerativa se haga extensiva a todos los empleos que dsempeñe el agente en dicho ámbito. Sólo podría avizorarse un escueto argumento respecto al daño moral sufrido por la administración a fojas 1579 en cuanto el dictamen dispone: “Por otra parte, las agresiones, daños y lesiones constatadas en los elementos de prueba incorporados en las actuaciones, no pueden ser justificados bajo ningún tipo de reclamo sindical, dado que excede lo lícito primordialmente, además de la moral y las buenas costumbres”. Sin embargo, ello no resulta motivo suficiente para aplicar la máxima sanción al agente demandado en relación al daño moral que sufriera la admnistración. No cabe admitir la motivación contextual o in aliunde, es decir, la que surge del expediente (formalidades previas) ni tampoco la que se produce ex post facto. Si la Administración pudiera motivar el acto a posteriori se desvirtuaría la exigencia y la consecuente garantía, además de la afectación en que se incurriría con relación al principio de eficacia.


RESPECTO DE CATENA

Respecto a la situación de Catena los argumentos fueron similares a los de Arce, acentuando en que no se los puede exonerar bajo una causa como es el de "daños" cuando en la causa penal fueron sobreseídos por ese hecho.

Asi las cosas Löffler sostiene que "en primer lugar entiendo que, para que proceda la exclusión de tutela sindical contra un delegado gremial de carácter público, como bien expuso el colega de grado, en principio no debe existir una persecuión gremial por la actora y, consecuentemente, haber incurrido el agente en un accionar antijurídico. Además, es obligación insoslayable de la Administración -de acuerdo a lo establecido en el precedente “Bombares” del STJ-, sustanciar el pertinente sumario administrativo y, una vez éste concluido, motivar de manera acabada -conforme lo dispone el artículo 99 de la ley 141- la sanción que se
pretende aplicar al agente público sumariado con el fin de excluirlo de la tutela sindical que confiere la ley 23551. Éstos son los presupuestos que se deben analizar en el presente proceso, pues ingresar al estudio de cuestiones de fondo que pudieran ser objeto de un potencial juicio contencioso administrativo, sería invadir una competencia ajena a la conferida en estas actuaciones dentro del marco del proceso de exclusión de tutela sindical. En el Estado constitcuional de derecho las transformaciones de las reglas clásicas del
control de constitucionalidad influyen sobre el régimen de válidez del acto, esta facultad dentro de un caso contencioso, se convierte en un deber jurisdiccional insoslayable en aquellos supuestos en que el acto admnistrativo ilegal torna impracticable la relación de utilidad que garantiza un derecho fundamental
indisponible".

Ahora bien, de la causa penal que tengo a la vista, más precisamente de los fundamentos de la condena y absolución de los imputados, se advierte que el aquí demandado fue absuelto de los delitos de daños (simple y agravado) artículos 183 y 184 inciso 1o del Código Penal -ver fallo del Tribunal de Juicio en lo Criminal del distrito Judicial Sur causa no 1642/14 caratulada “Catena, Horacio Gustavo y otros s/ Lesiones, daños, resistencia a la autoridad y atentado a la autoridad”-. Téngase presente que los delitos antes referenciados
constituyen el daño material que la administración adujo haber sufrido.

Asimismo, fue en el mismo procedimiento sumarial que, a los fines de imputar a los agentes públicos, divididó los hechos en dos: Hecho 1 concerniente en: “empleo de intimidación y violencia con motivo de ejercicio de desobediencia y resistencia contra las autoridades públicas, ocasionando lesiones a varios funcionarios policiales, el ingreso violento a casa de gobierno, así como permanecer varios días en algunas oficinas”. Hecho 2: haber ocasionado diversos daños materiales, como destrucción o desaparición en algunos casos de cristales, neumáticos de móviles policiales, computadoras, mobiliario de oficinas, etc.” -véase fojas 869 del sumario admnistrativo-. Respecto a este último hecho que, según los motivos previstos en el decreto 3004/15 fueron los que ocasionaron el daño material a la administración, la sumariante manifestó
que no se pudo individualizar a los responsables del mismo -véase fojas 876vta. sumario administrativo.-, cuestión que se volvió a reproducir al momento de realizar el informe final por la Secretaría Legal y Técnica -véase fojas 1579 sumario admnistrativo.

Por lo tanto, se advierte que de las dos causales previstas en el artículo 33 inciso a) de la ley 22.140 por la cual se pretende la exoneración del demandado, una de ellas no se encuentra acreditada, es decir, el daño material ocasionado a la Administración por el agente demandado. Ello en virtud de que tanto del proceso penal como también del sumarial el agente demandado fue excluido de responsabilidad respecto de tal hecho.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta lo antedicho, fue la instructura sumariante quien recomendó una sanción disciplinaria al demandado concerniente en suspensión de 25 días. En concordancia con ello, a fojas 1310 luce el informe de la Junta de Clasificación y Disciplina de Educación Secundaria quien expuso: “...considerando que los docentes no registran sanciones disciplinarias relacionadas con problemas de conducta, se podría considerar como atenuante de la falta de disciplina, como expresa el Apartado I de la Reglamentación del artículo 54 Ley Nacional 14.473. Es por eso que a pesar de la delicada situación en que se encuentran los docentes, considerando los elementos probatorios reunidos durante la investigación pero a su vez posibles atenuantes que contempla la ley, se puede afirmar que la conducta de los docentes sería
pasible de ser encuadrada en la causal de suspensión de 6 a 90 días compartiendo el criterio sugerido por la Instrcutora”.

Si bien tales recomendaciones, tanto de la instructora como de la Junta no tienen carácter vinculante para la Administración, resulta importante traer a colación en virtud de que la sanción que recomiendan tiene relación con que sólo uno de los hechos imputados a los agentes puede ser comprobado, mientras que en el daño material ocasionado a la Administración no se pudo individualizar a los responsables.

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