La fiscalía pidió se condene a todos los imputados de haber participado del pago de cuatro expedientes que carecían de toda la documentación y evidenciaban un precario trámite por un monto de 470 mil pesos. Sucedió durante el Gobierno de Jorge Colazo. No obstante quedó demostrado que el Ejecutivo mantenía una abultada deuda con el empresario imputado. Las defensas argumentaron el pedido de absolución en que más allá de las desprolijidades administrativas, en definitiva se le pagó parte de la deuda al proveedor. Este jueves se conocerá el veredicto
Pedidos de condena y absolución en juicio a colacistas
14/11/2012
Justicia Provincial

Pedidos de condena y absolución en juicio a colacistas

El fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Mássimi, pidió que se condenara a los cuatro imputados por la presunta sustracción de 470 mil pesos del estado durante la gestión del gobernador Jorge Colazo en un caso de presunto peculado.

 

Mássimi consideró probado el peculado (sustracción de fondos públicos) y pidió se condenara al ex contador General, Marcelo Luis Rolfo y al agente de planta Luis Alberto Bernales Díaz a la pena de 3 años. Consideró que parte de la indagatoria del Contador fue una confesión, ya que admitió que los expedientes “no se deberían haber pagado”.

 

Para el ex subsecretario de Obras Públicas, Zona Sur, Jorge Domínguez y el comerciante Jorge Montané, pidió se los condenara a la pena de 3 años de cumplimiento efectivo. Sobre Domínguez, quien se encuentra actualmente preso, el fiscal pidió inhabilitación perpetua y que se le unifiquen las penas, en una única de 7 años y 3 meses de prisión, informaron fuentes judiciales.

 

En tanto para Montané pidió que se le unifique la pena en 3 años y 10 meses de prisión. De ser condenado a esa solicitud, quedaría preso al finalizar el debate.

 

Los defensores Félix Santamaría (por Montané); el defensor ante el Superior Tribunal, Gustavo Ariznabarreta (por Domínguez); el defensor público Juan Assan (por Rolfo); y los doctores Juan Carlos Stevenson y Jorge Kresser Pereyra (por Bernales Díaz), coincidieron en más de un tramo del alegato a sostener que los 470 mil pesos que percibió Montané en 2005, fue el pago de parte de una deuda certificada en a través de una pericia judicial y que le correspondía cobrar.

 

Se argumentó que no hubo sustracción de fondos porque el propio Gobierno le debía a Montané incluso más de lo que percibió, y que lo de los precarios expedientes, se corresponden a meras despolijidades administrativas.

 

Esta deuda que quedó debidamente probada, es lo que terminará definiendo para un lado u otro la decisión de los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Magraner y Maximiliano García Arpón, cuyo veredicto darán a conocer durante el mediodía de este jueves.

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