El Tribunal de Juicio de Ushuaia comenzó a Juzgar este lunes al ex contador General, Marcelo Luis Rolfo, al subsecretario de Obras Públicas, Zona Sur, Jorge Domínguez. También está imputado el agente de planta Luis Alberto Bernales Díaz y el comerciante riograndense Dardo Jorge Montané. Están acusados de haber pagado cuatro expedientes que fueron armados en tiempo récord por un monto de 470 mil pesos, con remitos sin conformar y si las formalidades propias de la administración. Los cuatro imputados dieron la versión de los hechos. Algunos le apuntaron al por entonces secretario de Hacienda, Gabriel Allegro, para que pagaran dicha suma a Montané.
Todos los imputados declararon en un nuevo juicio contra funcionarios del ex gobernador Colazo
12/11/2012
Justicia Provincial

Todos los imputados declararon en un nuevo juicio contra funcionarios del ex gobernador Colazo

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur (Ushuaia) comenzó a ventilar este lunes un nuevo caso de peculado que involucra a ex funcionarios del gobierno de Jorge Colazo.

 

Al igual que en causas anteriores que terminó con funcionarios colacistas tras las rejas, en esta oportunidad se investiga un presunto caso de peculado, consistente en la sustracción de 470 mil pesos de la órbita del erario público para la compra de materiales de construcción. Tan evidente pareciera ser la maniobra que según el Ministerio Público Fiscal, los expedientes cuestionados tienen una nota de apertura, remitos sin conformar y en más de un caso no están las facturas.

 

Los expedientes fueron iniciados el 22 de junio de 2005 por la adquisición de materiales: N° 13.619 por $ 100.000; N° 13.620 por $ 110.000; el N° 13.621 por $ 140.000; y el N° 13.622 por $ 120.000.

 

En la primera jornada de audiencia todos los acusados accedieron a prestar declaración indagatoria. El ex subsecretario Domínguez – quien está presos tras haber sido condenado en otras causas similares – explicó al Tribunal que pidió el pago a Montané por los materiales porque se lo pidieron el secretario Alegro. Manifestó que lo hizo por ignorancia y que el cargo le quedaba grande.

 

La acusación es impulsada por el fiscal Mayor, Guilermo Mássimi, mientras que los defensores son: el doctor Félix Santamaría (por Montané); el defensor ante el Superior Tribunal, Gustavo Ariznabarreta (por Domínguez); el defensor público Juan Assan (por Rolfo); y los doctores Juan Carlos Stevenson y Jorge Kresser Pereyra (por Bernales Díaz).

 

Por su parte Bernales Díaz dijo que él dio la orden de que se abriera el expediente a pedido de funcionarios del área, pero que a partir de allí ya no tuvo ningún tipo de intervención en el tema porque el trámite sigue su curso hacia otras áreas. Aclaró además las diferencias que existen dentro de la administración en cuanto a la aplicación de la Ley de contabilidad 6 y la Ley de Obras Públicas y que ninguna participación tuvo en el pago de dichos expedientes.

 

El contador Rolfo le puso una cuota de sinceridad al tema al sostener en sus declaración que “esos expedientes no se deberían haber pagado” y aclaró que lo hizo por las presiones que ejercía su superior, en referencia a Gabriel Allegro. Dijo que creía que esos expedientes se habían armado el mismo día de pago o el día antes.

 

Que al ver la precariedad de los mismos exigió al personal le pidieran a Montané que presentara las facturas teniendo en cuenta que se trataban de pago a cuenta. Que en algún momento le faxearon las facturas.

 

Rolfo manifestó además que la exigencia para que emitiera los libramientos de pago era que le decían que a Montané se le adeudaba mucho dinero como proveedor y que estaba amenazando con iniciar una demanda judicial contra el Gobierno Provincial.

 

Por su parte Montané declaró y dijo que nunca “le robó nada a nadie” y que él Gobierno le adeudaba mucho dinero y que tenía que estar reclamando constantemente producto de los incumplimientos. Es más, sostuvo que por dichos incumplimientos “me terminé fundiendo” y además de quedar procesados “no pude mandar a estudiar a mis hijos”.

 

Precisó que había aportado toda la documentación de su corralón a la policía cuando le fue allanado el inmueble y que en más de una oportunidad entregó durante el Gobierno de Colazo materiales para que ayudaran a gente cadenciada que había perdido todo en algún que otro incendio.

 

Durante la jornada de este martes se espera el paso de los testigos, entre los que se encuentra el perito judicial que realizó una pericia contable que para la fiscalía tiene peso incriminatorio como prueba de cargo.

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