El tema del sistema carcelario fueguino es puesto sobre el tapete cada vez que se producen incidentes con los presos o cuando uno de éstos pierde la vida dentro de su ámbito de detención. La muerte de José Castro Molla muestra una vez más y claramente, la falta de idoneidad de la Policía de la Provincia para el cuidado de presos y la necesidad de contar con personal penitenciario especialmente capacitados para tal fin. No era la primera que el interno se subía a la cabriada y evidentemente no hubo prevención para evitar que lo repitiera con un trágico final.
La muerte de un preso desnuda una vez más las graves falencias del sistema penitenciario
09/01/2012
¿Error, desaprensión u omisión?

La muerte de un preso desnuda una vez más las graves falencias del sistema penitenciario

El fallecimiento del preso José Castro Molla el fin de semana último, luego de haber agonizado más de 10 días tras haber sufrido una caída mientras realizaba una protesta subido a una cabriada de la Unidad de Detención de Río Grande, puso una vez más en evidencia el deplorable sistema carcelario fueguino.

La falta de idoneidad de la Policía Provincial para el cuidado de presos ya está a esta altura más que comprobada y sólo basta para probarlo la cantidad de acontecimientos, con suicidios de por medio, que se han registrado en los últimos años en los dos centros de detención de la provincia. No obstante y es más que obvio, que la responsabilidad no es policial sino política, dado que los efectivos de la fuerza no han sido preparados para la custodia y resguardo de los detenidos sino para la prevención y represión del delito.

No es la primera vez que se suscitan situaciones con los internos que terminan mal. Si bien desde la Policía se negaban a trasladar a Castro Molla a Ushuaia, su ciudad de origen, desde la justicia habían existido marchas y contra marchas para que el preso fuera finalmente trasladado a la capital fueguina.

Un tema no menor y que demuestra la falta de preparación policial en este sentido, es que Castro Molla ya se había subido el año pasado a la cabreada del techo de la Unidad de Detención el año pasado logrando, a partir de su peligroso reclamo, ser trasladado nuevamente a Ushuaia.

Partiendo de esa situación parece ser que desde la policía nunca se tomó una medida para que éste, o cualquier otro preso, subieran hasta el techo de la Unidad de Detención de Río Grande.

Castro Molla estuvo 26 horas aferrado a la cabreada del techo antes de precipitarse al vacío desde 8 metros donde las lesiones que recibió fueron determinantes para acabar con su vida. Y en este punto cabe preguntarse: ¿por qué un preso llegó hasta ese lugar? … más cuando el mismo ya había adoptado dicho modo de protesta con anterioridad… ¿por qué nadie previno esta situación?... ¿qué hizo la justicia y la autoridad policial en base a dichos antecedentes?... en fin todas preguntas sin respuesta.

El tema sobre las falencias del sistema penitenciario no es nuevo y tal es así que ya durante el mes de mayo del año pasado el juez Eduardo López había citado al Jefe de la Policía Provincial – en su lugar concurrió el comisario Herminio Soloaga, Subjefe de la Fuerza – y al ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, tras serios incidentes ocurridos en la unidad de detención riograndense.

En aquel entonces Aramburu dijo: “le manifestamos (al doctor López) que es criterio de esta gestión propiciar soluciones a corto y largo plazo; porque recordemos que el servicio penitenciario se corresponde con una política de Estado y que a juicio de esta gestión se debe comenzar por la separación de las fuerzas, habida cuenta de que el objetivo de una y otra es distinto”.

Agregaba más adelante que “tenemos un servicio penitenciario que depende de la Policía, y que debe velar por la seguridad ciudadana”, amplió Aramburu, quien contrapuso la misión enunciada con la del Servicio Penitenciario, “que apunta a la resocialización de los internos”.

“Esto genera inconvenientes”, sostuvo el funcionario, y consideró por tanto que “como primera medida se requiere una instrumentación legal para poder efectuar estas modificaciones que tiene que pasar por la Legislatura”, porque “cualquier implementación de un objetivo específico penitenciario requiere una ampliación presupuestaria a los fines de poner destino a los recursos”, sostenía Aramburu el aquel entonces.

A 9 meses de dichas declaraciones parece que no es mucho lo que cambió. No hay que olvidar de que más allá de que se trate de privados de la libertad por delinquir en cualquiera de sus formas, el Estado tiene el deber y la obligación de preservar su integridad física y mental para una posible resocialización.

Por otra parte, la Justicia Provincial y el Superior Tribunal de Justicia, tienen a su vez la obligación de velar porque los parámetros mínimos de detención se cumplan, y no limitarse a remitir oficios con sesgos de órdenes pasajeras a la autoridad política cada vez que sucede algo y que con el paso de los meses quedan en el olvido.
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