Así lo dispuso la jueza María Cristina Barrionuevo quien además de elevar las actuaciones a juicio dispuso trabar un embargo sobre los bienes de ambos hasta cubrir los 10 mil pesos. La magistrada les imputa el delito de defraudación a la administración pública bajo la modalidad de administración infiel. No obstante el ex legislador y actual diputado nacional, tiene fueros parlamentarios lo que impediría cualquier proceso en su contra mientras se desempeñe en el cargo cuyo mandato finaliza en 2011.
Resolvieron elevar a juicio la causa en la que están imputados Sciutto y García Casanovas
09/01/2012
Presunto desvío de fondos legislativos

Resolvieron elevar a juicio la causa en la que están imputados Sciutto y García Casanovas

La jueza penal de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, decidió elevar la causa a juicio en la que se encuentran imputados el ex legislador y actual diputado nacional Rubén Sciutto; y el ex administrador del Fondo Residual, Ángel Gustavo García Casanovas, donde se les imputa el presunto delito de defraudación a la administración pública. La magistrada les adjudica haber intentado usar fondos del Poder Legislativo – que fueron canalizados a través de un contrato de asesoramiento – para afrontar honorarios letrados en una causa en la que estaba inmerso el administrador del fondo.

Barrionuevo decidió elevar a juicio la causa bajo la imputación defraudación a la administración pública bajo la modalidad de administración infiel, en la que habría incurrido Sciutto y García Casanovas al haber contratado al abogado Jorge Pintos para que prestara servicios de asesoramiento en la comisión N° 3 que presidía el hoy Diputado Nacional.

Pero Pintos denunció en 2004 tras la firma del contrato, que cuando cobró 15 días de asesoramiento que no prestó, García Casanovas se comunicó con él para que le entregara parte del dinero ya que lo necesitaba para pagar servicios de asesoramiento a un abogado de Buenos Aires que lo representaba en una causa judicial.

Tras la denuncia de Pintos, Sciutto y García Casanovas terminaron procesados, al igual que el secretario del Juzgado de Familia y Minoridad de Río Grande, Aníbal Acosta, que había sido el que contactó al abogado con el administrador. No obstante luego de un recurso de apelación, Acosta fue sobreseído por la Sala Penal mientras que el ex legislador y el ex administrador del Fondo, recibieron una falta de merito.

Pero Barrionuevo, luego de tomar nuevas declaraciones testimoniales a legisladores que formaban parte de la comisión N° 3, quienes aseguraron que Pintos nunca prestó asesoramiento a la misma, pese a que Sciutto sostiene que sí – y que los mismos “dejaban mucho que desear” – decidió elevar la causa a juicio.

Además de disponer la elevación a juicio del expediente dispuso trabar embargo sobre los vienes de ambos imputados en la suma de 10 pesos a cada uno.

Pese a que la elevación a juicio se equipara a un procesamiento, en el caso de Sciutto el mismo tiene inmunidad parlamentaria, atento a que por su condición de diputado nacional tiene fueros que impiden ser sometido a la fuerza a proceso judicial alguno. El mandato del justicialista concluye en 2011.

El hecho investigado

Según consta en el expediente el día 8 de noviembre de 2004 Pintos se reunió con el secretario del Juzgado de Familia y Minoridad de Río Grande, Aníbal Acosta en el despacho de este último. El funcionario judicial le dio el número de teléfono de un amigo manifestándole que necesitaba sus servicios legales.

El teléfono y la dirección de Fagnano 980 de la ciudad de Río Grande resultaron ser de Ángel Gustavo García Casanovas y – según Pintos – al entrevistarse con el por entonces Administrador del Fondo Residual le manifestó que existía la posibilidad de firmar un contrato con la legislatura y que por razones de incompatibilidad por ser funcionario del gobierno no podía suscribir.

Según el denunciante al día siguiente fue recibido en la legislatura por el legislador Rubén Sciutto y también por García Casanovas y que luego de charlas sobre los servicios de asesoramiento el 1 de noviembre de 2004 firmó el contrato para asesorar a Sciutto en la comisión 3 por la suma de 5 mil pesos mensuales. El servicio debía comenzar a ser prestado el 15 de ese mes y concluía el 30 de diciembre de 2004.

El abogado Pintos admite que nunca prestó servicio alguno aunque sostiene que el 17 de diciembre se comunicaron vía telefónica para que fuese a cobrar un cheque por 2500 pesos por 15 días de asesoramiento no prestados.

El denunciante manifiesta que el día 23 de diciembre lo llamó García Casanovas para manifestarle que le debía entregar parte del dinero que había cobrado porque debía pagar honorarios de un juicio en el que se encontraba imputado y en cuyo expediente era representado por el abogado porteño Oscar Salvi.

No obstante Pintos habría gravado el momento en que Esteban Frontera, un empleado del Fondo Residual se presentó en su domicilio manifestando que lo enviaba García Casanovas a buscar un dinero, cinta que luego fue aportada junto a la denuncia pero que fue sumamente cuestionada por la defensa de los imputados.
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