“Esto hay que desenmascararlo porque las omisiones que son groseras violan los derechos de las personas con discapacidad” aseguró el abogado Claudio Espósito. El letrado es representante legal de Graciela Bravo, mamá de una niña con discapacidad motora que reclamo la concreción de la anunciada compra de cuatro combis por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Espósito: “Álvarez deberá dar explicaciones en la Justicia”
09/01/2012
Combis para personas con discapacidad

Espósito: “Álvarez deberá dar explicaciones en la Justicia”

Espósito cuestionó al ministro Sergio Álvarez por haber demorado 15 meses en la compra de esos vehículos a pesar de que el dinero ya había sido otorgado a través de la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS).  

“Era un trámite sencillo. La plata estaba, había que buscar el proveedor, comprar las combis y a partir de ahí brindar un servicio. Es incomprensible como una persona tuvo que venir de afuera del Estado, después e 15 meses a decir: señores cumplan con esto porque es su deber”, afirmó.

Además criticó al titular  de la cartera, por haber emitido una gacetilla de prensa en su defensa apenas se enteró que Graciela Bravo presentó la denuncia penal en el ámbito de la Justicia.

“La primera respuesta es un comunicado oficial que fue hecho a las 11.45 y Graciela a las 11.30 estaba haciendo la denuncia. Evidentemente se filtró la noticia. Y salió inmediatamente a defenderse”, sostuvo.

Apuntó que “con sus propias palabras el ministro dice que ‘iba a actualizar la información necesaria para poder realizar el segundo pago a la firma proveedora’ y al final del comunicado dice que puso ‘a disposición el extracto bancario donde están depositados los 519 mil pesos’. ¿Cómo es que va a hacer el segundo pago cuando ni siquiera hizo el primero?. Invito a llamar a la CONADIS a preguntar a la licenciada Pieramonti si esto es verdad”.

También dijo que Álvarez quiere llevar esta denuncia al ámbito político cuando es un problema de gestión. “Hace 15 meses que el dinero duerme el sueño de los justos y aquí está el problema. No sólo porque los personas con discapacidad no pueden acceder a las combis sino porque los 519 mil pesos que hace 15 meses valían las combis hoy no valen ese precio. La provincia va a tener que pagar la diferencia de precios por su omisión”, dijo.

“Esto merece ser investigado y por la Justicia penal. Por eso Álvarez va a tener todas las posibilidades de defenderse y tendrá que demostrar que hay 519 mil pesos depositados en esa cuenta”, remarcó.    

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