La norma fue sancionada la semana pasada y regulará las cámaras de seguridad que se instalen en Tierra del Fuego. El monitoreo estará en manos de la Policía Provincial y habrá un rígido control sobre el sistema para evitar que se filtren imágenes a terceros ajenos al Poder Estatal. La Legisladora del MPF estimó que durante “el transcurso de la utilización de este tipo de elementos, se evidenciará la necesidad de posibles modificaciones”.
Para Urquiza, la ley de video-vigilancia “busca dar seguridad a los ciudadanos”
09/01/2012
Repercusiones de la última sesión legislativa

Para Urquiza, la ley de video-vigilancia “busca dar seguridad a los ciudadanos”

La última sesión legislativa realizada la semana pasada determinó la sanción de la ley de video-vigilancia que regulará la instalación y operación de cámaras de seguridad que deberán estar en manos de la Policía de la Provincia. El proyecto que se transformó el ley fue impulsado por el Movimiento Popular Fueguino y se aprobó por mayoría legislativa sin el apoyo del ARI.

La legislador Mónica Urquiza, afirmó que “se busca  dar un marco legal, dado que actualmente hay cámaras funcionando en ambas ciudades, y no existe reglamentación alguna”.

“En Río Grande la situación es distinta dado que el propio municipio puso en cabeza de la Policía el control de las  imágenes pero en Ushuaia, tenemos una situación inversa, nadie tiene un control de la cantidad de cámaras que están instaladas y quien resguarda esas imágenes” observó la mopofista.

Estimó que en el transcurso de la utilización de este tipo de elementos, se evidenciará la necesidad de posibles modificaciones y por eso trabajaron junto a la policía y los fiscales. “Para encontrar todas las condiciones de seguridad, y hoy no tenemos ninguna y los ciudadanos estamos a la buena de Díos en ese sentido”, señaló la parlamentaria.

Remarcó que se busca resguardar la integridad de los ciudadanos, “desde el bloque tuvimos en cuenta las observaciones y se trató la mejor manera de resguardar la situación”, formuló.

La norma establece un marco legal para la instrucción, coordinación y colaboración en la prevención e investigación de contravenciones y delitos, garantizando al mismo tiempo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, que deberán respetarse en las sucesivas fases de grabación y uso de las imágenes obtenidas.

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