A más de un año de dictado el procesamiento contra el Senador Jorge Colazo y su esposa Ana Córdoba, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la falta de integración de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones demora una definición en el planteo que hizo la defensa para intentar revertir esa sentencia de primera instancia. En la misma causa, Daniel Ángel del Corazón de Jesús Colazo, hermano del destituido gobernador y Pedro Bernal, ex secretario de Obras Públicas, también están procesados en su condición de posibles “testaferros”.
La falta de jueces demora un pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones
09/01/2012
CAUSA POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO CONTRA COLAZO

La falta de jueces demora un pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones

La falta de Jueces para integrar la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, demora un pronunciamiento sobre si se confirma o se revierte el procesamiento dictado hace más de un año atrás, por la Jueza de Instrucción de Segunda Nominación, del distrito judicial sur, María Cristina Barrionuevo; contra el Senador Jorge Colazo y su esposa Ana Córdoba, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El tribunal, encargado de revisar las sentencias de primera instancia en el fuero penal, está actualmente integrado solamente por el Juez Walter Tabarez Guerrero, tras la renuncia de Javier Muchnik, quien asumió en el Superior Tribunal. En varias ocasiones intentó integrarse con otros subrogantes, pero la defensa se encargó de apartarlos por recusación. Además, aún no se define la jura del doctor Jorge Luis Jofre, quien fue designado para ocupar la tercera vocalía, tras ser ampliada la conformación de esa Sala.

No es esta la única causa en que se demora un pronunciamiento judicial contra el destituido gobernador Jorge Colazo. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación también está “cajoneada”, la causa en que se debe definir la inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, ordenada por la Legislatura de la Provincia, en ocasión de haber sido apartado del Ejecutivo Provincial, por mal desempeño en sus funciones, a raíz de la retención indebida de fondos a la municipalidad de Río Grande y los numerosos hechos de corrupción en la administración pública, durante su gestión.  

Cabe recordar que el primero de diciembre del año 2008, en un fallo inédito en la corta vida del Poder Judicial Fueguino, la jueza penal de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, procesó ayer al ex gobernador Jorge Colazo y a su esposa Ana Córdoba, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En tanto el hermano del ex mandatario, Daniel Ángel del Corazón de Jesús Colazo y el ex secretario de Obras Públicas, Pedro Bernal, fueron procesados en su condición de posibles “testaferros”.

Tras un minucioso análisis de las declaraciones juradas y de la pericia contable elaborada por el perito del Poder Judicial, Daniel Balihaut y el perito de los imputados, el contador y ex funcionario de Colazo en el Ministerio de Economía, Roberto Daniels, la jueza Barrionuevo consideró probado el presunto enriquecimiento ilícito.

En el último tramo de la resolución Barrionuevo sostiene que “el aumento patrimonial apreciable e injustificado del matrimonio Colazo – Córdoba durante el periodo comprendido entre enero de 2004 a enero de 2006 ascendió aproximadamente a la suma de $1.174.687,41”. Dicho desequilibrio según la jueza surge de $65.595,40 de pasajes aéreos; $535.500 de una vivienda en Carlos Paz; $286.520 de una vivienda de Río Grande; $126.372,09 en concepto de déficit calculado por el perito oficial; y $160.699,92 de déficit de Daniel Colazo.

Para Barrionuevo los datos en las declaraciones juradas no habrían sido fidedignos por lo que además de procesar al matrimonio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y trabar embargo sobre sus bienes por un millón de pesos, los procesó por falsedad de declaración jurada. En tanto a Daniel Colazo y Pedro Manuel Bernal fueron procesados por el delito de “persona interpuesta para disimular un el enriquecimiento ilícito” y dispuso trabar embargo sobre cada uno hasta cubrir la suma de 300 mil pesos.
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